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El 54.2% de los hogares en Colombia viven en Inseguridad Alimentaria. Peligra Proyecto de Ley que puede ayudar a acabar con el hambre en Colombia.

En Colombia, según las cifras publicadas en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2015) el 54,2% de los hogares viven en inseguridad alimentaria y aunque la proporción de desnutrición crónica disminuyó de 13,2% a 10,8%, 560 mil niños menores de 5 años tienen esta grave enfermedad, que trae secuelas irreversibles en su crecimiento y desarrollo. En la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), el Ministerio de Salud calcula que el costo de la desnutrición en Colombia se estima en un 11% de su PIB por año, esto es cerca de $23,7 billones de pesos para el 2018 y según las estimaciones del Banco Mundial, lograr la meta de acabar con la desnutrición en Colombia podría generar un aumento de los ingresos de cada colombiano entre 4.3% y 6.5% por año.

A pesar del grave panorama de la inseguridad alimentaria, según estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia se pierden o desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos al año. Dicha cifra es alarmante puesto que representa el 34 % del total de los alimentos que el país podría consumir durante un año, es decir que, por cada 3 toneladas de comida disponible en Colombia, una tonelada va a la basura. “Tenemos el reto de acabar con el hambre en Colombia.

En un país que se bota comida suficiente para alimentar a 8 millones de personas al año, el hambre es un crimen. Por eso desde la red de bancos de alimentos de Colombia (ABACO) trabajamos para evitar que se bote la comida, rescatándola y entregándola a población vulnerable” señaló Juan Carlos Buitrago director ejecutivo de ABACO. El 15 de septiembre de 2017 fue radicado el proyecto de ley 127 de 2017 senado, el cual tiene como objeto: “crear la Política contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, estableciendo medidas para reducir estos fenómenos, contribuyendo al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, promoviendo una vida digna para todos los habitantes”.

Los autores de este proyecto de ley son los senadores Maritza Martínez Aristizabal del partido de la U, Honorio Miguel Henríquez Pinedo del Centro Democrático y Eduardo Enrique Pulgar Daza del Partido de la U. En su artículo 8 el proyecto establece que quienes se dediquen a la producción agropecuaria, industrial, y comercialización de alimentos aptos para el consumo humano deberán:

  1. Realizar las acciones necesarias para prevenir, reducir y prevenir los desperdicios generados
  2. En el caso en que hayan quedado alimentos aptos para el consumo humano que no se comercializaron, podrán ser donados a organizaciones sin ánimo de lucro que atienden población en situación de vulnerabilidad, haciendo un especial énfasis en los niños, las mujeres gestantes y lactantes, los adultos mayores y la población en situación de discapacidad.

El 4 de diciembre del 2018 el proyecto fue aprobado en segundo debate por la totalidad de los senadores presentes en la plenaria. Está listo para la discusión en tercer debate en comisión séptima de la cámara de representantes, sin embargo, se le está acabando el tiempo: “En diciembre del 2018 recibimos con bastante ilusión el voto positivo de la totalidad de los senadores presentes en el segundo debate. Los proyectos de ley deben cumplir su trámite en máximo dos legislaturas y ese plazo máximo vence este 20 de junio.

“Invitamos a los honorables representantes de la comisión séptima de la Cámara a que miren la importancia social del proyecto de ley, que miren la situación del hambre en Colombia y la gran cantidad de alimentos que se están tirando a la basura pudiendo ser utilizados para la atención de las personas más vulnerables. Invitamos al presidente de la comisión séptima, el doctor Jairo Giovany Cristancho a que priorice la discusión de este proyecto que puede impactar de manera muy positiva la situación nutricional de miles de Colombianos” Agregó Juan Carlos Buitrago director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO-.

Fuente: http://www.bancosdealimentosdecolombia.com

 

FENALCO celebra que el plan nacional de desarrollo haya puesto freno al cierre indiscriminado de establecimientos comerciales

FENALCO celebró que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se hayan devuelto las facultades a los inspectores de policía para verificar el cumplimiento de los requisitos de apertura y funcionamiento, determinados en el artículo 87 del Código de Policía, en aras de garantizar que los comerciantes puedan ejercer su derecho de defensa.

Esta medida beneficiará a miles de establecimientos, que ya no estarán en peligro de ser cerrados por una interpretación del policía, sobre una norma tan amplia como la que estaba vigente, que disponía el cierre al desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Según Octavio Quintero, Presidente (e) de FENALCO con las medidas impuestas por el Código de Policía era como si ejercer el comercio fuera un foco de alteración al orden público. “Habíamos pasado de un régimen de sanción gradual, a un esquema policivo represivo, con unos procedimientos confusos, en los que reinaba la subjetividad y que no atendían las garantías del debido proceso, ni los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad”.

“La regla era cerrar los establecimientos por 10 días, sin posibilidad de defensa. Durante 2017 se suspendieron 37.020 establecimientos; en 2018 la cifra ascendió a 57.082 y tan solo durante el mes de enero de 2019 ya se habían suspendido 1.610 más, para un total de 95.712 comercios cerrados temporalmente.”, agregó Quintero.

FENALCO considera que la revisión y análisis de documentos por parte de la Policía no es un indicador de convivencia, formalización y promoción de la prosperidad general. En todo caso, tampoco forma parte de la actividad policial, la cual debe estar dirigida y orientada a la preservación del orden público.

“La Policía debe velar por la seguridad de la ciudadanía, intervenir cuando haya riñas y disturbios y no dedicarse a revisar documentalmente requisitos que tienen una complejidad técnica sobre la que no tienen conocimiento suficiente, especialmente los referentes al control del uso del suelo o la normativa sanitaria, asuntos que son de competencia de otras autoridades de control. Hacemos un llamado a los Alcaldes y a las Secretarías de Gobierno para que socialicen y den a conocer a las autoridades de policía, los ajustes realizados por el Congreso para que se proceda de conformidad con la nueva legislación y así evitar más cierres injustos”, concluyó Octavio Quintero.

Fuente:  http://www.fenalco.com.co